La forma más habitual de iniciar una actividad empresarial es mediante la constitución de una Sociedad Limitada, precisamente porque, con carácter general, los socios no responden personalmente de las deudas sociales, quedando su riesgo limitado a la aportación realizada al capital. Esta es la gran diferencia respecto del autónomo persona física, que responde del cumplimiento

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EL TRIBUNAL SUPLEMO DECLARA DEDUCIBLES LAS RETRIBUCIONES DE LOS ADMINISTRADORES, AUNQUE NO ESTEN REGISTRADAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Introducción. La deducción de los gastos de los Administradores/as que a su vez prestan servicios a la Sociedad Mercantil ha sido objeto de debate recurrente tanto en el ámbito tributario como en los tribunales. La AEAT (¿Agencia

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Quizás te preguntes: ¿Cómo tributo si constituyo una sociedad aportando inmuebles? Vamos a tratar de exponerte los pasos en este artículo. La constitución de una sociedad aportando inmuebles por los socios implica, en primer término, el abono del Impuesto sobre Operaciones Societarias (OS), como adquirente de los bienes aportados por los socios, encontrándose exento de dicho impuesto autonómico. El devengo

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En este post, analizamos la compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad de autónomos. Podemos pensar que la figura de autónomos es única, pero en la práctica y legalmente, todos son Autónomos, pero existen diferencias muy importantes entre unos y otros. Artículo 305. Extensión. LGSS (Ley general seguridad social) 1. Estarán obligatoriamente incluidas

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Llamamos sociedades irregulares a aquellas que no cumple con la obligación de constituirse en la correspondiente escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil, tal y como se establece en el artículo 119 del Código de Comercio. ¿Qué problema tienen las sociedades irregulares? La principal problemática que plantea este tipo de sociedad está en la

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“PARA TODAS LAS SOCIEDADES» Cuando vayas al notario acuérdate de llevar el ACTA DE DECLARACIÓN REAL. El artículo 4 de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29 abril), impone a la sociedades la obligación de identificar al titular o titulares reales

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