La nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, más conocida como la nueva ley hipotecaria responde claramente a las necesidades de una mayor transparencia en los contratos de este tipo, así como a una distribución más equitativa entre entidades bancarias y prestatarios, en relación a los gastos derivados de este tipo de contratos.

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El Código de Buenas Prácticas aprobado el 9 de marzo de 2012, contempla la posibilidad de la dación en pago para el caso de que no se pueda pagar la hipoteca de una vivienda; pero para los bancos es voluntario, es decir, que sólo deberán cumplirlo aquellos que se adhieran a este Código, pero una

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El RD Ley 8/2011, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de la simplificación administrativa, recoge una serie de modificaciones en la Ley de

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