EL GOBIERNO APRUEBA LA NUEVA “DACIÓN EN PAGO”

El Código de Buenas Prácticas aprobado el 9 de marzo de 2012, contempla la posibilidad de la dación en pago para el caso de que no se pueda pagar la hipoteca de una vivienda; pero para los bancos es voluntario, es decir, que sólo deberán cumplirlo aquellos que se adhieran a este Código, pero una vez lo haya hecho:

a) No puede negarse el Banco a respetar.

b) Tiene efectos retroactivos para todas las hipotecas en vigor.

La principal medida de la dación en pago sólo se prevé para las hipotecas sobre la vivienda habitual de una familia cuyos miembros están todos en el paro y no tienen otros ingresos. Las cuotas hipotecarias que pagan no tienen que superar el 60% de los ingresos y el precio de la vivienda comprada tiene que estar en un determinado baremo de precios, que va desde los 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes, hasta los 120.000 euros en las más pequeñas.

Para estas familias, se limita por ley los intereses moratorios, que no podrán exceder los tipos pactados inicialmente en el préstamo más un 2,5%.

Otra de las medidas que contempla el Código de Buenas Prácticas, es que los bancos se comprometan a tomar una serie de medidas para reducir los desahucios. La primera de ella es fomentar las refinanciaciones, incrementando el periodo de carencia de pago del capital (es decir, que el deudor sólo paga los intereses) hasta los cuatro años. El plazo total de pago se alargará hasta los 40 años, cuando sea inferior.

El Código también prevé la posibilidad de que el banco aplique una quita a la deuda del cliente, cuando las medidas nombradas anteriormente no sean suficientes para permitir que la familia cumpla con sus compromisos. Y si, finalmente, hay que llegar al embargo, en estos casos valdrá la dación en pago, es decir, que el cliente saldará su deuda con la entrega de la vivienda.

Además, se contempla la posibilidad de que la familia se quede dos años en la vivienda, que ya no será de su propiedad, pagando un alquiler que no supere el equivalente a un interés del 2% sobre la deuda que le ha cancelado el banco.

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