En el día a día de muchas empresas hay un elemento que siempre genera inquietud: los litigios. Reclamaciones de clientes, conflictos laborales, disputas con proveedores o incluso procedimientos con la propia Administración. Y ante este escenario, es lógico que las compañías quieran anticiparse y registrar provisiones para hacer frente a esas responsabilidades futuras.
Ahora bien, aparece la gran duda:
¿Son esas provisiones fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades?
La respuesta ha sido, durante años, un terreno resbaladizo. La contabilidad dice una cosa. Hacienda, muchas veces, dice otra. Y las empresas quedan atrapadas en medio.
Pero una reciente sentencia de la Audiencia Nacional introduce luz donde antes había sombras.
¿Qué es exactamente una provisión por litigios?
Se trata de un reconocimiento contable de una obligación potencial: una forma prudente de dejar constancia de que podría surgir un gasto relevante en el futuro por un procedimiento judicial o una reclamación.
En términos sencillos:
La empresa anticipa un riesgo y lo refleja en sus cuentas.
Puede ser por:
- Reclamaciones de clientes.
- Demandas de proveedores.
- Conflictos laborales.
- Procesos iniciados por la Administración.
La contabilidad lo tiene claro: si existe una obligación probable, estimable y documentada, debe registrarse (principio de prudencia).
Sin embargo, la fiscalidad no siempre acompaña esta lógica.
¿Qué choque habitual hay entre contabilidad y Hacienda?
En materia fiscal, rige el principio de devengo. Es decir, la obligación tributaria nace cuando el gasto es cierto, no solo probable.
Y aquí es donde empiezan los problemas.
Durante años, la Agencia Tributaria ha sido muy restrictiva. Si no veía una obligación firme —casi consolidada— denegaba la deducibilidad, aunque contablemente la provisión fuese impecable.
Las empresas se encontraban con un dilema:
Cumplir las normas contables.
Pero arriesgarse a que Hacienda no acepte la deducción.
Esto ha generado inspecciones, ajustes millonarios y, cómo no, litigios… sobre provisiones de litigios.
Entonces, ¿Cuándo son deducibles?
Para que la provisión tenga recorrido fiscal, deben concurrir —como mínimo— estos requisitos:
1. Existencia de una obligación suficientemente grave y determinada
Esto implica que haya un riesgo real, no hipotético.
Ejemplos válidos:
- Auto judicial.
- Sentencia pendiente de ejecución.
- Reclamación formal documentada.
2. Importe razonable y vinculado al litigio
La dotación debe tener coherencia económica con el riesgo estimado.
Nada de provisiones infladas “por si acaso”.
3. Correcta contabilización y documentación
Debe existir asiento contable, informe interno y soporte probatorio del procedimiento judicial.
Hasta aquí, nada nuevo. Pero llega lo interesante.
La sentencia clave: Audiencia Nacional, 18 de junio de 2025
La Audiencia Nacional (Recurso 440/2020) analiza el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (RD Legislativo 4/2004).
Y concluye algo importante:
La norma no incluye las provisiones por responsabilidades derivadas de litigios en la lista de provisiones NO deducibles. Por tanto, se entiende que son deducibles.
Una frase que cambia mucho el terreno de juego.
En resumen, la Audiencia Nacional confirma que:
Las provisiones por litigios siguen siendo fiscalmente deducibles,
siempre que cumplan los requisitos objetivos ya mencionados.
Esto limita la interpretación restrictiva que venía aplicando la Agencia Tributaria y aporta una mayor seguridad jurídica a las empresas.
¿Qué deben hacer ahora las compañías?
La sentencia abre la puerta, pero no elimina la necesidad de prudencia.
Si quieres que una provisión por litigios sea defendible ante Hacienda, la clave está en:
- Documentar de forma sólida el origen del riesgo.
- Aportar pruebas objetivas y verificables.
- Registrar contablemente la provisión con fundamento técnico.
- Justificar la razonabilidad del importe dotado.
- Tener preparada la argumentación jurídica en caso de inspección.
No basta con “sentir” que existe un riesgo. Hay que demostrarlo.
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