La Ley General Tributaria establece que las empresas que paguen sueldos u otro tipo de rentas (de actividades profesionales,  rendimientos del capital mobiliario, arrendamientos, etc.) a personas físicas,  deben retener una parte de las citadas remuneraciones  en concepto de IRPF.

En el caso de los sueldos, la retención se hace aplicando una tabla publicada que establece unos porcentajes variables en función del nivel del sueldo y de algunas circunstancias personales del perceptor. Para otros tipos de retribuciones la retención suele ser de un tipo fijo independientemente de su nivel. Una vez practicada la retención, la empresa asume la obligación de ingresar las cantidades resultantes en las arcas de Hacienda.

Este mecanismo de retenciones e ingreso de las mismas, se produce normalmente sin problemas de importancia pero, a veces, éstos surgen, como en el caso de una empresa que no practicó la correspondiente retención al trabajador, pero que, a pesar de ello, realizó el ingreso de las mismas en las arcas públicas.

La empresa reclamó al trabajador la devolución de las cantidades ingresadas pero no retenidas. Esta reclamación se produjo cuando aún no había transcurrido un año desde que se ingresaron las cantidades, pero el trabajador se negó a la devolución alegando que no procedía hacerlo, ya que había transcurrido más de un año (plazo general de prescripción para las acciones que no tienen establecido un plazo especial) desde que debieron practicarse.

El asunto se llevó a los tribunales y llegó al Tribunal Supremo que, en sentencia de 17/04/2013 se ha pronunciado en el sentido de que el plazo de prescripción para reclamar la devolución de esas cantidades empieza a contar desde la fecha en que las mismas fueron ingresadas en Hacienda. No puede ser de otro modo, puesto que las cantidades no fueron retenidas, por lo que no puede ejercerse la acción de reembolso hasta que no se produce esa circunstancia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había sentenciado con anterioridad de forma contraria, argumentando que el plazo de prescripción empieza a correr “desde que el descuento debió practicarse, puesto que desde esa misma fecha pudo reclamarse al trabajador”. Esta interpretación  queda sin efecto una vez producida la sentencia mencionada en la que actuó como ponente el magistrado Salinas Molina.

 

 

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